Los innumerables casos de empresarios impagados por ayuntamientos tienen ahora una nueva puerta para la esperanza. Otra cosa es la que se les puede venir encima a los consistorios. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado mes de julio ha dictado orden de proceder contra los bienes del alcalde y el secretario municipal del pueblo sevillano de Castilleja de Guzmán si el Ayuntamiento no paga en treinta días lo que le debe a la empresa Aroa S.L.
La sentencia no es firme, ya que está recurrida por el alcalde del municipio, Carmelo Ceba (PSOE), según precisaron a ABC fuentes del TSJA. Pero el precedente está marcado y, además de ver peligrar sus sueldos en un caso extremo, los alcaldes han de sacar otra enseñanza, muy comprometida también dada la estrechez económica del ámbito local: no podrán programar nuevos endeudamientos en sus presupuestos sin subsanar los compromisos de pago adquiridos previamente.
En el caso del municipio sevillano, y según la sentencia dada a conocer ayer por el diario «Expansión», se insta a la «definitiva ejecución forzosa» de la deuda contraída desde hace más de diez años con la empresa. La ley de jurisdicción contencioso-administrativa, en su artículo 12, señala a su vez que, de lo contrario, se «dará lugar a la imposición de multas coercitivas».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que, con sede en Sevilla, ha emitido la sentencia añade que «estas multas recaerán, respectivamente, en el patrimonio personal del señor alcalde y del señor secretario general» a quien hace responsable de todos los trámites en relación con la sentencia del Alto Tribunal andaluz. El magistrado da detalles incluso de que las multas «se impondrán con periodicidad semanal» y que, de no pagarse, dará lugar «al embargo inmediato de la cantidad respectiva» sobre sus sueldos y patrimonios personales.
6 millones de razones
Hasta llegar aquí, ha habido una larga lucha que aún no ha terminado. Con frente judicial abierto, pero también político. El gerente de Aroa S.L., Antonio Díaz, asistió hace medio mes a un pleno ordinario de la Diputación de Sevilla pidiendo apoyo a su presidente, el también socialista Fernando Rodríguez Villalobos, para que seis municipios de la provincia le abonaran los más de seis millones de euros adeudadas por obras públicas ejecutadas pero impagadas.
Esta empresa ha conseguido otras dos sentencias condenatorias no ejecutadas en los municipios sevillanos de Cazalla de la Sierra y El Real de la Jara, además de la de Castilleja de Guzmán. En este último caso, la deuda que tendrá que amortizar Carmelo Ceba, de no prosperar su recurso, asciende a 555.887,37 euros cuantificada en una sentencia de 30 de septiembre de 2009 que ahora refrenda el TSJA en el auto notificado el pasado 20 de julio.
Ayuntamientos en la mira
Los ayuntamientos están sin recursos a la hora de prestar servicios que, muchas veces, corresponden a las autonomías. Pero eso no quita para que la Justicia empiece a dar la razón a empresarios que dependen también de los pagos del ámbito municipal para pagar a sus trabajadores, más aún en tiempos de crisis. Sobre todo, y en eso parece haberse detenido el TSJA, cuando los ayuntamientos siguen aprobando operaciones de préstamo a largo plazo en sus presupuestos. Pese a la dificultad para conseguir crédito y sin contemplar los pagos de las deudas.
La deficitaria situación de los ayuntamientos da lugar a casos curiosos como el del ex alcalde de Villafranca del Bierzo (León) que recurrió en 2008 a los tribunales por impago de su sueldo para que el ayuntamiento le abonara los 15.470 euros que le debía. Una deuda que contrajo consigo mismo siendo regidor del municipio que entonces, como años después Jerez de la Frontera o tantos otros, tenía serias dificultades para sostener su estructura administrativa.
De los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España, un total de 5.137 tienen contraída algún tipo de deuda financiera. Solo unos 3.000 municipios de casi todas las provincias españolas no tienen comprometido ni un sólo euro de deuda municipal sino que llevan a cabo un equilibrio de gastos encomiable. Según datos del Banco de España publicados a comienzo de este año, la deuda de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales ascendió a 120.874 millones de euros al cierre de 2009, lo que supone un 20,54% más con respecto a los 100.270 millones del ejercicio anterior, y equivale al 11,5% del Producto Interior Bruto.
