DIARI DE TARRAGONA 25/05/2010
Los ayuntamientos, diputaciones y entes locales de Tarragona, de Catalunya y del resto del Estado español criticaron ayer contundentemente la medida tomada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) de vetar el acceso al crédito de las administraciones municipales hasta el 1 de enero del 2012.
Según publicó en su edición de ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), los consistorios, empresas y organismos locales verán coartada su capacidad de pedir dinero prestado «en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones hasta el 31 de diciembre de 2011».
Asimismo, la norma dicta que tampoco se podrán sustituir operaciones preexistentes, excepto las que, en valores actuales netos, resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiera, el plazo de amortización o ambas cosas. Asimismo, las operaciones a corto plazo, es decir, aquellas concertadas para cubrir necesidades transitorias de financiación, «deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año».
Actualmente, las corporaciones locales españolas acumulan una deuda de 34.594 millones de euros, según datos del Banco de España. Destaca el consistorio de Madrid, que acumula el 23,5% de la deuda de los ayuntamientos españoles con 6.762 millones de euros. A día de hoy, Tarragona arrastra una deuda de 167 ‘kilos’, y se da la circunstancia de que, además, cerró el 2009 como el primer año con déficit desde 1995.
Reducción de un 5% el déficit
Con este paquete de medidas, que incluye una rebaja de sueldos de los empleados públicos a partir del mes que viene y la congelación en 2011 de las pensiones, el Gobierno pretende recortar el déficit público, que en 2009 alcanzó el 11,2% del PIB, hasta situarlo en el 6% a finales del año que viene.
Para ello, todas las administraciones públicas (central, autonómica y local) deberán reducir sus dispendios, hasta ahorrar 15.000 millones de euros, cantidad equivalente a 1,5 puntos de PIB.
Pero el Gobierno no se conforma sólo con gastar menos. En su decreto ha querido, además, dejar muy claro que los ayuntamientos no podrán disponer a su libre albedrío del dinero que ahorren gracias a los recortes. Todo el dinero que consigan escatimar a su presupuesto mediante la reducción de costes de personal en 2010 y 2011 tendrá que ir destinado a sanear sus cuentas.
Pérez: ‘Creará desocupación’
Muy críticos se mostraron ayer los alcaldes de Tarragona y Reus tras conocer las características del decreto. El presidente de la corporación local tarraconense, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), lamentó que la medida «no respeta la autonomía municipal», y criticó que se trata de una opción «contradictoria e injusta, ya que hace un año se acordó aumentar la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos».
A juicio de Ballesteros, se trata de un texto que «no respeta el Estatut, ya que los consistorios sólo generamos el 4% de la deuda», por lo que considera que «deben pagar las consecuencias los que han gastado más. En muchas ocasiones las corporaciones locales debemos afrontar competencias que no nos son propias».
En la misma línea se expresó el alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC). «Es una medida precipitada, contradictoria en ciertos puntos del redactado y que acabará provocando más desempleo». Pérez explicó que, en el último año, muchos ayuntamientos han pedido créditos para impulsar la obra pública. «Con esta prohibición lo que se provocará es evitar que haya más obras públicas y que, por lo tanto, no haya contratación de trabajadores».
Por su parte, el equipo de gobierno de Salou dedicó la mayor parte de la jornada a buscar soluciones. Antes de que entrara en vigor el decreto, el gobierno, junto al Departamento de Hacienda, trató de contactar con diversas entidades bancarias con la intención de asegurar la financiación prevista para este año y el siguiente.
Finalmente, el concejal de Hacienda y Planificación Económica de Vila-seca , Xavier Farriol, indicó que para la localidad del Tarragonès «no supone ninguna repercusión, puesto que no entraba en los planes del ayuntamiento pedir ningún crédito durante los próximos años».
Los ayuntamientos, diputaciones y entes locales de Tarragona, de Catalunya y del resto del Estado español criticaron ayer contundentemente la medida tomada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) de vetar el acceso al crédito de las administraciones municipales hasta el 1 de enero del 2012.
Según publicó en su edición de ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), los consistorios, empresas y organismos locales verán coartada su capacidad de pedir dinero prestado «en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones hasta el 31 de diciembre de 2011».
Asimismo, la norma dicta que tampoco se podrán sustituir operaciones preexistentes, excepto las que, en valores actuales netos, resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiera, el plazo de amortización o ambas cosas. Asimismo, las operaciones a corto plazo, es decir, aquellas concertadas para cubrir necesidades transitorias de financiación, «deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año».
Actualmente, las corporaciones locales españolas acumulan una deuda de 34.594 millones de euros, según datos del Banco de España. Destaca el consistorio de Madrid, que acumula el 23,5% de la deuda de los ayuntamientos españoles con 6.762 millones de euros. A día de hoy, Tarragona arrastra una deuda de 167 ‘kilos’, y se da la circunstancia de que, además, cerró el 2009 como el primer año con déficit desde 1995.
Reducción de un 5% el déficit
Con este paquete de medidas, que incluye una rebaja de sueldos de los empleados públicos a partir del mes que viene y la congelación en 2011 de las pensiones, el Gobierno pretende recortar el déficit público, que en 2009 alcanzó el 11,2% del PIB, hasta situarlo en el 6% a finales del año que viene.
Para ello, todas las administraciones públicas (central, autonómica y local) deberán reducir sus dispendios, hasta ahorrar 15.000 millones de euros, cantidad equivalente a 1,5 puntos de PIB.
Pero el Gobierno no se conforma sólo con gastar menos. En su decreto ha querido, además, dejar muy claro que los ayuntamientos no podrán disponer a su libre albedrío del dinero que ahorren gracias a los recortes. Todo el dinero que consigan escatimar a su presupuesto mediante la reducción de costes de personal en 2010 y 2011 tendrá que ir destinado a sanear sus cuentas.
Pérez: ‘Creará desocupación’
Muy críticos se mostraron ayer los alcaldes de Tarragona y Reus tras conocer las características del decreto. El presidente de la corporación local tarraconense, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), lamentó que la medida «no respeta la autonomía municipal», y criticó que se trata de una opción «contradictoria e injusta, ya que hace un año se acordó aumentar la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos».
A juicio de Ballesteros, se trata de un texto que «no respeta el Estatut, ya que los consistorios sólo generamos el 4% de la deuda», por lo que considera que «deben pagar las consecuencias los que han gastado más. En muchas ocasiones las corporaciones locales debemos afrontar competencias que no nos son propias».
En la misma línea se expresó el alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC). «Es una medida precipitada, contradictoria en ciertos puntos del redactado y que acabará provocando más desempleo». Pérez explicó que, en el último año, muchos ayuntamientos han pedido créditos para impulsar la obra pública. «Con esta prohibición lo que se provocará es evitar que haya más obras públicas y que, por lo tanto, no haya contratación de trabajadores».
Por su parte, el equipo de gobierno de Salou dedicó la mayor parte de la jornada a buscar soluciones. Antes de que entrara en vigor el decreto, el gobierno, junto al Departamento de Hacienda, trató de contactar con diversas entidades bancarias con la intención de asegurar la financiación prevista para este año y el siguiente.
Finalmente, el concejal de Hacienda y Planificación Económica de Vila-seca , Xavier Farriol, indicó que para la localidad del Tarragonès «no supone ninguna repercusión, puesto que no entraba en los planes del ayuntamiento pedir ningún crédito durante los próximos años».
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