Algo serio se ha quebrado en aquella confianza ciega que los socialistas catalanes depositaron en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y en la que, a su vez, éste depositó en María Teresa Fernández de la Vega y Francisco Caamaño, para restar al Tribunal Constitucional argumentos jurídicos con los que «tumbar» el grueso del Estatuto de Cataluña. Después de casi cuatro años de un tenso proceso de recusaciones y «contrarrecusaciones» en el seno del TC, y de deliberaciones, atascos y atrasos permanentes que han terminado por desacreditar hasta el extremo su papel de garante de la Constitución, el PSOE contempla hoy un escenario muy sombrío para lograr del Tribunal un texto estatutario definitivo que no sufra un severo recorte en su contenido.
Poco optimismo en el PSOE
No es optimismo lo que deja traslucir el PSOE: ni jurídica ni políticamente. El comunicado emitido por los socialistas catalanes tras conocer anteayer la decisión del pleno del Tribunal Constitucional de cambiar de ponente no deja lugar a dudas: habrá un «antes y un después» de la votación del viernes, y por ello el PSC da por empezada la guerra para «dinamitar» este TC en prórroga masiva, tarea a la que ha instado con urgencia a Rodríguez Zapatero.
Pese a que el PSOE trate de maquillar el varapalo aduciendo razones tácticas de corto plazo en clave preelectoral catalana, algunos de sus dirigentes asumen en privado que se trata de un resultado «profundamente indeseado» o, más aún, de un fracaso político y jurídico. Públicamente, la culpa hoy es de un TC desprestigiado y mañana será de un PP que se niega a renovar el TC bloqueando la institución. Pero lo cierto es que en privado se lamentan de la evidente falta de eficacia de las múltiples iniciativas políticas y presiones puestas en marcha por el PSOE en los últimos años para apuntalar el Estatuto. A los ojos del nacionalismo catalán y de parte del PSC, Rodríguez Zapatero ha quedado debilitado, y su Gobierno en evidencia, ante la imposibilidad de cumplir la promesa hecha a Pasqual Maragall de que se aceptaría como constitucional el texto que saliera del Parlament.
De nada parece haber servido la operación política a varias bandas puesta en marcha desde 2006 para que el Congreso aprobara en mayo de 2007 la llamada «enmienda Casas», una reforma específica de la Ley del TC para prorrogar automática e indefinidamente en su cargo a la presidenta de esa institución, María Emilia Casas, cuyo mandato ya vencía. Garantizar su hipotético voto de calidad en favor del Estatuto era el fin último de los socialistas.
Batalla perdida con Tremps
Tampoco le ha valido al PSOE haber truncado los esfuerzos del PP por cubrir la vacante del magistrado Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008, y recusado sin éxito desde octubre de 2006 por la Generalitat de Cataluña para que no liderase un movimiento interno en el TC contrario al Estatuto. Y finalmente, también desde el PSC se reprocha al sector progresista del TC, y al Gobierno, no haber sido capaces de combatir con solvencia el apartamiento de las deliberaciones del magistrado Pablo Pérez Tremps, quien fuera recusado por haber participado como jurista en informes técnicos previos al Estatuto. Entre quienes creían en el PSOE que el TC era «gobernable» desde La Moncloa, cunde ahora el desánimo de contemplar la impotencia del Gobierno de Zapatero para «reconducir» el debate hacia una sentencia favorable. Desde esta perspectiva, y en clave interna, la desautorización política de quienes aconsejaron y avalaron en su día el nombramiento, por ejemplo, del magistrado Aragón Reyes, es hoy una evidencia.
Ni Rodríguez Zapatero cuando «cepilló» a solas con el líder de CiU, Artur Mas, un Estatuto que estaba en el abismo; ni Fernández de la Vega, como «avalista» de los magistrados llamados a «purificar» el Estatuto otorgándole el certificado de constitucionalidad; ni el ahora ministro de Justicia, Francisco Caamaño, emplazado en su día personalmente por Zapatero a «limar» con el tripartito catalán el texto definitivo —que luego tampoco lo fue—, han visto cumplido su objetivo de que el Estatuto deje de ser, por fin, un problema legislativo de primer orden. Por el contrario, han sido incapaces de convertirlo en un triunfo personal del presidente del Gobierno con el que ayudar a José Montilla a remontar los pesimistas sondeos que le envían a la oposición tras los comicios catalanes.
La excusa: es un mal menor
Mirando el futuro inmediato, el PSOE busca argumentos y excusas para presentar este varapalo como un mal menor, indeseado pero previsible tal y como se han desarrollado los debates en el TC sobre la principal apuesta para reformar el modelo de Estado. A la plausible estrategia futura para culpar al PP de una renovación del TC que difícilmente se podrá producir en estos momentos —el PSOE ya acusa al PP de ser el único responsable del «bloqueo institucional»—, se unen las presiones de otros partidos, como CiU, para ganar tiempo, dilatar la nueva ponencia del magistrado Guillermo Jiménez y eternizar la sentencia definitiva. O como mínimo, que no se produzca un fallo al menos hasta pasadas las elecciones catalanas.
Tres teorías
De hecho, en un primer análisis interno de los socialistas conviven dos teorías sobre lo que puede ocurrir: primero, la hipótesis más pesimista para sus aspiraciones les induce a pensar en una sentencia «conservadora» para junio o julio con más artículos del Estatuto anulados de los que preveía el PSOE. La segunda hipótesis, más favorable para sus tesis, apunta a un TC «responsable» que no querrá interferir en la precampaña catalana —que de hecho ya ha empezado— y prolongará «sine die» sus debates.
Una tercera teoría —la que parece estar decidido a impulsar a la desesperada el PSC— empujaría al PSOE a provocar un enfrentamiento abierto y agresivo con el PP, «dinamitar» el TC y plantear de inmediato la guerra por la renovación. Lo que fuentes jurídicas vinculadas al PSOE y sectores próximos al TC dan casi por descartado es que los debates sobre la nueva ponencia de Guillermo Jiménez puedan suponer una «vuelta atrás». Y se preparan para asumir que el texto será, en cualquier caso, seriamente restrictivo con un Estatuto que, a día de hoy, sigue en vigor —y con 40 leyes marcadas con su vitola— sin gozar del título de «constitucional».
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