Algunos políticos tendrían que volver a la escuela para reciclarse. Si el nuevo ESTATUT tiene que someterse a un lifting para adaptar algunos de sus aspectos a la Constitución española, ahora resulta que el Consejo de Garantías Estatutarias considera que el Gobierno de Cataluña actuó en contra del Estatut en la designación del presidente de la radiotelevisión catalana. ¡BRAVO POR NUESTROS POLÍTICOS!
Sábado , 24-04-10
El presidente José Montilla se vanagloria de haber aprobado 32 leyes que desarrollan el Estatuto catalán sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su inconstitucionalidad. Una de esas leyes contemplaba la creación del Consejo de Garantías Estatutarias, una especie de «tribunal constitucional a la catalana» que acaba de dictaminar por unanimidad que el proceso que siguió el Gobierno tripartito para nombrar al presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) va en contra del Estatuto.
En otra palabras, que la designación de Enric Marín como máximo responsable de la televisión y la radio pública se hizo mediante «decretazo». Para el tripartito, el control de los medios públicos catalanes es fundamental dada la proximidad de las elecciones autonómicas.
«Cacicada»
CiU y PP habían solicitado un dictamen a este Consejo, encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas al Estatuto y a la Constitución, después de que el Ejecutivo catalán decidiera cambiar la ley de la CCMA con la finalidad de reducir la mayoría de diputados autonómicos necesaria para nombrar a Marín -ex secretario de Comunicación del primer tripartito a propuesta de ERC- presidente de este organismo.
La oposición había calificado esa modificación de «cacicada» y «decretazo», y exige ahora que, pese a no ser vinculante el dictamen, se designe a otro presidente de la CCMA. El Consejo considera «antiestatutario» el decreto, pues recuerda que el Tribunal Constitucional y el Estatuto dejan muy claros los requisitos para aprobar normativas gubernamentales de estas características. Según este organismo, «no hay ninguna razón o motivación que justifique suficientemente» la existencia de «una necesidad urgente y extraordinaria» de aprobar un decreto para reformar la ley, tal como prevé el artículo 64.1 del Estatuto.
Respecto a la reducción de la mayoría necesaria para nombrar a Marín -el decreto indica que si no se logra el apoyo de dos tercios de los diputados, el presidente será elegido en segunda vuelta por mayoría absoluta-, el Consejo entiende que «no hay previsión expresa sobre la composición y la forma de designación de los miembros de la Corporación», por lo que «el legislador dispone de amplia libertad para establecer y modificar las fórmulas que considera oportunas».
Montilla sigue buscando mayorías parlamentarias para acelerar la renovación del TC, ahora en el Senado, cuestión que planeó sobre la festividad de Sant Jordi.
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