Pretenden compensar la posible rebaja de cuotas empresariales a la Seguridad Social con más cobertura para los parados
Los estragos que sobre el empleo está causando la crisis han llevado a los sindicatos a poner encima de la mesa del diálogo social una propuesta para ampliar de seis meses a un año la ayuda que ahora reciben los parados que han agotado el subsidio. Recientemente, el Gobierno aprobó la ampliación de esta prestación de 426 euros a aquellos parados que agoten la prestación contributiva y el subsidio entre el 16 de febrero y el 15 de agosto, ambos inclusive, una ampliación con la que se prevé beneficiar a 243.100 personas.
Pero esta prórroga de seis meses afecta sólo a las personas que extingan por agotamiento la prestación o subsidio durante este periodo, no así a los actuales beneficiarios, ya que el plazo máximo para percibir la ayuda es de seis meses no prorrogables.
En la fase final de las negociaciones, que el Gobierno cerrará en mayo con o sin acuerdo, las propuestas fluyen en las mesas abiertas casi a diario. Los sindicatos siguen reacios a que se aplique una rebaja de la cuotas que las empresas, mientras la CEOE ha hecho de ésta su caballo de batalla. Y, aunque los tiros del Gobierno van por ahí, no alcanzarían los cinco puntos que pide la patronal. La oferta no rebasaría el límite del punto y medio.
Salgado, vigilante
Todas las opciones están sobre la mesa, ya que el documento de trabajo que presentó el Ejecutivo la pasada semana es parco en detalles; y sólo esboza algunas opciones. Lo único claro es que no habrá más gasto público. Salgado está vigilante para que ninguna medida corra a cargo del Presupuesto por los pronunciados números rojos.
La propuesta que en mayo aprobará Zapatero descansa sobre el contrato de fomento del empleo, una figura con despido de 33 días por año que se pretende generalizar. Incorpora también elementos de los sistemas laborales europeos, como el alemán (reducir jornada y sueldo en tiempo de crisis y combinarlo con cobro del paro) y el austriaco, que diluye el coste del despido para el empresario. Y para fomentar la contratación estable, el Gobierno estaría dispuesto a «pagar» parte de los despidos objetivos y colectivos. Se trataría de extender la ayuda del 40% que paga ahora el Fogasa a empresas con menos de 25 trabajadores.
Lo que no dice el Ejecutivo es de dónde sacará los fondos para «subvencionar» los despidos, dado que el Fogasa se nutre de cuotas empresariales. Una opción es subir alguna décima esas cotizaciones y bajarlas por otro lado, por ejemplo, en accidentes de trabajo.
Tampoco está claro de dónde saldrán los fondos para crear una «hucha» acorde con el modelo austriaco de forma que no suponga más coste empresarial. La clave estará en las bonificaciones que el Gobierno se ahorrará (sólo conservará las destinadas a contratar a jóvenes) y que podrían servir para crear un fondo a nutrir con este excedente -anualmente son 3.000 millones- y aportaciones de las empresas. Las partes se reunieron ayer y lo volverán a hacer el lunes próximo.
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